reforma formación profesional

El Ministerio de Empleo tiene prevista la aprobación en breve de la reforma del modelo de formación para el empleo. La falta de acuerdo por parte de sus socios en la mesa de negociación, patronal y sindicatos, hará que se apruebe en solitario a través de un real decreto.

Actualmente la partida dedicada a la formación para el empleo está bajo el control, a partes similares, del consorcio formado por sindicatos (CCOO y UGT), patronal (CEOE y Cepyme) y la Administración (SEPE) a través de la Fundación Tripartita.

El principal motivo de desacuerdo es que la reforma tiene previsto relegar el papel de los agentes sociales a la fase de planificación, diseño de las actividades formativas y detección de estas necesidades para el mercado laboral, y excluirlo de la gestión de los fondos formación para el empleo donde tenían un absoluto protagonismo. La administración asumiría la gestión económica. Las subvenciones quedarían a merced de concursos de libre concurrencia.

Esta iniciativa forma parte de la reforma de las políticas activas y los servicios de empleo que el Gobierno lleva queriendo acometer tras la primera fase de la reforma del mercado laboral del 2012. El papel de organizaciones patronales y sindicatos en la gestión de estos fondos de formación ha quedado en entredicho tras las irregularidades denunciadas en Madrid y Andalucía.

El Gobierno considera que la gestión de estos fondos ha sido ineficaz a la luz de los datos recogidos por la Fundación Tripartita en 2010 sobre el impacto en la mejora de la calidad del empleo. El objetivo es optimizar esta incidencia, “estos objetivos no deben limitarse a la gestión sino centrarse en los resultados, la calidad docente, la capacidad de los cursos para mejorar las competencias de los participantes, así como la traducción de la formación en términos de empleabilidad”, expuso al inicio de las negociaciones la responsable del ministerio, Fátima Báñez.

La partida presupuestaria destinada a la formación para el empleo es el resultado de la recaudación de la cotización de las empresas, que aportan el 0,6% del salario bruto de sus trabajadores y el 0,1% aportado por la nómina en bruto de cada trabajador a la Seguridad Social en concepto de formación.

En cuanto a su tipología, esta oferta formativa se divide entre la formación de la oferta o subvencionada, que engloba todos los cursos gratuitos que ofrecen sindicatos, organizaciones empresariales, autónomos y centros de formación, y la formación de la demanda, que es aquella que desarrollan las empresas con cargo a la cuota de formación que pagan a través de las nóminas de sus empleados.

Imagen: Centro de Formación profesional Freire (CC-Flickr) de Víctor Santamaría

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